¿Qué confianza puede tener una sociedad en la justicia si no puede comprender cómo se toman determinadas decisiones que afectan a la vida, la libertad, el patrimonio o la reputación de las personas? Nos hemos acostumbrado a aceptar que los procedimientos judiciales son asuntos reservados para abogados, jueces y especialistas, como si la ciudadanía tuviera que limitarse a esperar el resultado. Pero una democracia adulta no debería pedir fe ciega en sus instituciones. La justicia necesita ser visible, comprensible y razonada, porque cuando el ciudadano deja de entender cómo se decide en su nombre, la distancia entre legalidad y confianza empieza a hacerse demasiado grande.
