¿Qué ocurre cuando quienes deben garantizar la independencia de la Justicia quedan atrapados en las mismas disputas de poder que deberían mantener al margen? En España hemos aprendido a discutir sobre instituciones como si fueran propiedades partidistas, olvidando que detrás de cada órgano constitucional hay algo bastante menos abstracto: derechos, garantías y confianza ciudadana. Cuando la política convierte cualquier institución en un campo de batalla, la democracia puede conservar sus edificios, sus cargos y sus ceremonias mientras pierde algo mucho más difícil de recuperar: la credibilidad.
administración de justicia
ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN
¿Quién responde cuando la Justicia se equivoca y el ciudadano paga la factura? En España aceptamos con demasiada facilidad que una decisión judicial pueda cambiar una vida, pero exigimos una enorme paciencia cuando llega el momento de reparar el daño. La Justicia debe ser independiente, sí; pero la independencia no puede convertirse en una zona libre de responsabilidad. Una democracia madura no debería pedir al ciudadano que confíe ciegamente en sus instituciones, sino ofrecerle mecanismos reales para exigir reparación cuando esas instituciones fallan.
ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN
¿Qué confianza puede tener una sociedad en la justicia si no puede comprender cómo se toman determinadas decisiones que afectan a la vida, la libertad, el patrimonio o la reputación de las personas? Nos hemos acostumbrado a aceptar que los procedimientos judiciales son asuntos reservados para abogados, jueces y especialistas, como si la ciudadanía tuviera que limitarse a esperar el resultado. Pero una democracia adulta no debería pedir fe ciega en sus instituciones. La justicia necesita ser visible, comprensible y razonada, porque cuando el ciudadano deja de entender cómo se decide en su nombre, la distancia entre legalidad y confianza empieza a hacerse demasiado grande.
ARTÍCULO 119 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve hablar de igualdad ante la justicia cuando el dinero puede determinar quién consigue defenderse mejor? Una democracia puede proclamar derechos con solemnidad y, al mismo tiempo, permitir que una parte de la ciudadanía los perciba como servicios de pago. La justicia no debería convertirse en un privilegio reservado a quien puede asumir sus costes sin dificultad. Cuando el acceso a los tribunales depende demasiado de la capacidad económica, la igualdad deja de ser una realidad y corre el riesgo de convertirse en una frase constitucional convenientemente repetida. Porque los derechos que solo pueden ejercerse cuando uno puede pagarlos tienen algo de derecho y mucho de privilegio.