En el teatro político español hay un actor que rara vez abandona el escenario: el poder de los grupos organizados. Ya sean partidos, sindicatos o patronales, todos parecen moverse con la naturalidad de quien sabe que tiene asiento reservado en el palco. El artículo 7 de la Constitución pretendía reconocer la importancia de sindicatos y asociaciones empresariales, otorgándoles un papel fundamental en la defensa de intereses sociales y económicos.
Pero… lo que empezó como un intento de equilibrio entre trabajadores y empresarios ha acabado, muchas veces, convertido en un sistema de representación estancado, burocrático y alejado de la realidad laboral. España vive hoy un extraño espejismo: los sindicatos dicen defender al trabajador mientras pactan con el poder; las patronales hablan de productividad mientras exigen subvenciones. ¿Y el ciudadano medio? Observa, paga y calla.