¿Qué dice de una sociedad que normaliza que generaciones enteras no puedan aspirar a un techo propio? Mientras se repiten discursos sobre crecimiento, estabilidad y modernidad, la realidad cotidiana se encarece a un ritmo incompatible con la vida digna. La vivienda se ha convertido en mercancía, en activo financiero, en objeto de especulación desinhibida, y no en el espacio básico desde el que se construye un proyecto vital. Se aplauden cifras macroeconómicas mientras se ignora la angustia micro: jóvenes atrapados en alquileres abusivos, familias expulsadas de sus barrios, salarios que no alcanzan. España presume de derechos, pero convive con una resignación peligrosa: aceptar como inevitable lo que debería escandalizar. Cuando el acceso a la vivienda deja de ser una prioridad moral y política, algo profundo se quiebra en el contrato social.
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ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN
En España, a los 18 años se nos concede el privilegio de la “mayoría de edad”. Es el instante solemne en el que, según el papel, uno pasa de ser un menor tutelado a un ciudadano libre y responsable. Pero, ¿de verdad ocurre eso? ¿Acaso el simple cambio de cifra convierte al joven en adulto moral, económico o político? La Constitución fijó un número, pero la realidad lo ha convertido en un formalismo vacío.
Hoy tenemos una juventud hiperprotegida, endeudada, infantilizada y sin horizonte claro. Se les exige madurez para votar, pero se les niega la posibilidad de emanciparse. Un país que eterniza la adolescencia no forma ciudadanos libres, sino súbditos dóciles. Y quizá ahí esté la verdadera intención de ese artículo tan breve como revelador.