Vivimos en una época donde la Administración exige cada vez más al ciudadano mientras tolera con sorprendente normalidad sus propios errores. Si una persona incumple una obligación, las consecuencias suelen ser inmediatas; cuando es el poder quien falla, el camino hacia la reparación suele ser lento, complejo y frustrante. Tal vez el verdadero termómetro de una democracia no sea cuánto poder acumulan sus instituciones, sino hasta qué punto responden por los daños que causan cuando se equivocan.
