¿Quién decide realmente quién puede representar a los ciudadanos? En una democracia madura, la respuesta debería ser tan evidente como incómoda: los propios ciudadanos. Sin embargo, entre requisitos legales, filtros institucionales y decisiones judiciales, la voluntad popular parece caminar constantemente por un terreno delimitado por otros. No es casualidad que, en ocasiones, el acceso a la representación política se convierta en un privilegio más que en un derecho efectivo. Tal vez el problema no esté en las normas en sí, sino en cómo se utilizan para proteger el sistema… incluso de quienes deberían darle sentido.
