La justicia, dicen, es ciega. En España, en cambio, parece que a veces se quita la venda para mirar de reojo quién entra por la puerta. El Artículo 24 de nuestra Constitución es uno de esos textos solemnes que prometen garantías, derechos y un trato justo para todos. Sin embargo, basta asomarse a la realidad diaria para sentir que las promesas constitucionales funcionan como los folletos turísticos: bonitas para enseñar, difíciles de reconocer cuando uno pisa el terreno. Hoy analizo este artículo con la convicción de que la justicia no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Y, sobre todo, con la sospecha creciente de que el ciudadano medio se conforma con creer que tiene derechos sin comprobar si en la práctica le sirven de algo. Ser libre es, también, no comulgar con ruedas de molino.
resolución judicial
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN
Las asociaciones son la columna vertebral de una sociedad libre… o eso nos repetimos mientras seguimos ignorando qué significa realmente asociarse en un país donde el miedo a organizarse ha sido, durante décadas, casi una tradición. El Artículo 22 promete libertad, garantías y límites razonables. Sin embargo, conviene preguntarse qué ocurre cuando la letra constitucional choca con la realidad de una España donde ciertas asociaciones son observadas con lupa, mientras otras disfrutan de un sorprendente blindaje institucional.
La Constitución reconoce el derecho a unirse, pero nuestro sistema político y mediático parece más preocupado por decidir quién puede juntarse con quién y para qué. Hoy analizo este artículo con la sospecha —o la certeza— de que, como tantas veces, la norma dice una cosa, pero la práctica va afinando su propia melodía. Y no siempre suena a libertad.