¿De qué sirve proclamar que nadie está por encima de la ley si quienes ejercen el poder pueden convertir la justicia en otro escenario de disputa política? Una democracia no se mide únicamente por quién gana unas elecciones, sino por la capacidad de sus instituciones para resistir al vencedor de turno. Cuando jueces, Gobierno, Parlamento y partidos se lanzan reproches sobre la independencia judicial, el problema deja de ser técnico: afecta directamente a la confianza ciudadana. Y sin confianza en la justicia, el Estado de Derecho puede conservar sus edificios mientras pierde algo mucho más importante: su autoridad moral.
