La investigación de los delitos no puede quedar al servicio de ningún poder interesado. En una democracia, la justicia pierde credibilidad cuando los ciudadanos sospechan que las instituciones aplican criterios distintos según quién esté bajo sospecha. Y esa desconfianza no nace únicamente de las sentencias: también surge de cómo se investigan los hechos, de quién dirige las actuaciones y de si todos reciben el mismo trato ante la ley. Podemos llenar los discursos de referencias al Estado de derecho, pero las palabras sirven de poco si la independencia institucional se convierte en una promesa que cada poder interpreta a su conveniencia. La justicia necesita algo más que autoridad: necesita demostrar que no tiene dueños.
politización judicial
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve que exista una última instancia judicial si la confianza de los ciudadanos en las instituciones puede desgastarse mucho antes de llegar hasta ella? En España hablamos constantemente de independencia judicial, politización, nombramientos y enfrentamientos institucionales, pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo esencial: la Justicia necesita algo más que leyes para ser respetada; necesita credibilidad. Cuando cada resolución se interpreta según quién gana o pierde políticamente, el Estado de Derecho empieza a parecer una competición de trincheras. Y ahí ningún ciudadano sale realmente vencedor.
ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN
¿Qué ocurre cuando quienes deben garantizar la independencia de la Justicia quedan atrapados en las mismas disputas de poder que deberían mantener al margen? En España hemos aprendido a discutir sobre instituciones como si fueran propiedades partidistas, olvidando que detrás de cada órgano constitucional hay algo bastante menos abstracto: derechos, garantías y confianza ciudadana. Cuando la política convierte cualquier institución en un campo de batalla, la democracia puede conservar sus edificios, sus cargos y sus ceremonias mientras pierde algo mucho más difícil de recuperar: la credibilidad.
ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN
La justicia, dicen, es ciega. En España, en cambio, parece que a veces se quita la venda para mirar de reojo quién entra por la puerta. El Artículo 24 de nuestra Constitución es uno de esos textos solemnes que prometen garantías, derechos y un trato justo para todos. Sin embargo, basta asomarse a la realidad diaria para sentir que las promesas constitucionales funcionan como los folletos turísticos: bonitas para enseñar, difíciles de reconocer cuando uno pisa el terreno. Hoy analizo este artículo con la convicción de que la justicia no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Y, sobre todo, con la sospecha creciente de que el ciudadano medio se conforma con creer que tiene derechos sin comprobar si en la práctica le sirven de algo. Ser libre es, también, no comulgar con ruedas de molino.