Hay consensos que tranquilizan conciencias sin transformar realidades. Se repiten en discursos oficiales, se celebran en fechas señaladas y se dan por cumplidos con una simple declaración de intenciones. La protección de la familia y de la infancia es uno de ellos. Pocos se atreven a cuestionar ese ideal porque suena moralmente intocable, casi sagrado. Sin embargo, basta con observar la precariedad cotidiana, la soledad institucionalizada o la burocracia que rodea a los más vulnerables para detectar una grieta incómoda entre lo que proclamamos y lo que realmente garantizamos. España presume de sensibilidad social mientras normaliza que criar, cuidar o proteger dependa cada vez más de la resistencia individual que del respaldo colectivo. Tal vez el problema no sea la falta de palabras solemnes, sino el uso cínico de ellas para ocultar una dejación de responsabilidades que preferimos no mirar de frente.
