Hay artículos que parecen inocentes, técnicos, incluso amables. Pero a veces, tras esa apariencia burocrática, se esconde un espejo incómodo de lo que somos como país. El Artículo 3 de la Constitución Española, que habla del idioma, la riqueza lingüística y los deberes del Estado, es uno de ellos. Un texto redactado con vocación integradora que, cuarenta años después, se ha convertido en campo de batalla cultural, trinchera política y arma de manipulación sentimental. En su nombre se protege, se prohíbe, se adoctrina o se silencia. Lo que debía unir, divide; lo que debía preservar, se utiliza. Quizá no sea un problema del texto, sino de quienes lo leen según su conveniencia. Porque en España —esa eterna Babel disfrazada de consenso—, hablar ya no es solo comunicarse: es tomar partido.
