Vivimos en una época donde la Administración exige cada vez más al ciudadano mientras tolera con sorprendente normalidad sus propios errores. Si una persona incumple una obligación, las consecuencias suelen ser inmediatas; cuando es el poder quien falla, el camino hacia la reparación suele ser lento, complejo y frustrante. Tal vez el verdadero termómetro de una democracia no sea cuánto poder acumulan sus instituciones, sino hasta qué punto responden por los daños que causan cuando se equivocan.
legalidad administrativa
ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN
Resulta curioso que vivamos en una época donde se exige transparencia a todo el mundo excepto, muchas veces, a quienes gestionan el poder. Se nos pide confianza en las instituciones mientras proliferan las sospechas, los procedimientos opacos y la sensación de que demasiadas decisiones importantes se toman lejos de la mirada de los ciudadanos. La democracia no se debilita cuando la sociedad pregunta; se debilita cuando el poder considera incómodas esas preguntas. Porque una administración que teme ser observada termina pareciéndose más a una estructura de protección propia que a un verdadero servicio público.
ARTÍCULO 103 DE LA CONSTITUCIÓN
¿Cuántas veces hemos escuchado que las instituciones están al servicio de los ciudadanos mientras la realidad parece demostrar exactamente lo contrario? En una época donde la burocracia crece, los procedimientos se multiplican y la distancia entre gobernantes y gobernados parece ensancharse, resulta legítimo preguntarse si el aparato público existe para resolver problemas o para perpetuarse a sí mismo. La confianza en las administraciones no se pierde de golpe; se erosiona lentamente cuando las promesas de eficacia chocan con la experiencia cotidiana de quienes esperan respuestas que nunca llegan.