La investigación de los delitos no puede quedar al servicio de ningún poder interesado. En una democracia, la justicia pierde credibilidad cuando los ciudadanos sospechan que las instituciones aplican criterios distintos según quién esté bajo sospecha. Y esa desconfianza no nace únicamente de las sentencias: también surge de cómo se investigan los hechos, de quién dirige las actuaciones y de si todos reciben el mismo trato ante la ley. Podemos llenar los discursos de referencias al Estado de derecho, pero las palabras sirven de poco si la independencia institucional se convierte en una promesa que cada poder interpreta a su conveniencia. La justicia necesita algo más que autoridad: necesita demostrar que no tiene dueños.
investigación judicial
ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve proclamar que todos somos iguales ante la ley si la ciudadanía sospecha que la justicia puede convertirse en otro campo de batalla entre quienes gobiernan y quienes aspiran a gobernar? Cuando las instituciones pierden la confianza de la gente, las explicaciones oficiales dejan de bastar y cada decisión se interpreta bajo la sombra de los intereses políticos. La justicia necesita independencia, pero también una apariencia de imparcialidad que resista el escrutinio público. Porque una democracia no se debilita únicamente cuando se incumplen las normas; también cuando los ciudadanos dejan de creer que las reglas se aplican sin mirar quién ocupa el poder.