Hay algo profundamente contradictorio en una sociedad que considera suyo el patrimonio público, pero apenas exige responsabilidades a quienes lo administran. Playas, costas, recursos naturales, terrenos y bienes públicos forman parte de una riqueza colectiva que debería estar protegida frente a intereses particulares, operaciones políticas y decisiones administrativas discutibles. Sin embargo, una cosa es proclamar que algo pertenece a todos y otra muy distinta garantizar que nadie pueda utilizarlo en beneficio propio. La verdadera prueba de una democracia no está en lo que sus gobernantes dicen proteger, sino en cómo gestionan aquello que no les pertenece.
interés ciudadano
ARTÍCULO 128 DE LA CONSTITUCIÓN
¿De qué sirve presumir de libertad económica cuando una parte de la sociedad apenas tiene margen para decidir sobre su propia vida? En España, el dinero abre puertas, condiciona decisiones y, en ocasiones, parece tener más capacidad de influencia que el ciudadano corriente. Mientras unos defienden el mercado como si fuera una religión y otros invocan el interés general para justificar cualquier intervención, conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿quién decide qué beneficia realmente a la sociedad? Porque cuando el poder económico y el político se necesitan mutuamente, el ciudadano corre el riesgo de convertirse en una simple excusa para justificar decisiones que otros toman en su nombre.