¿De qué sirve presumir de libertad económica cuando una parte de la sociedad apenas tiene margen para decidir sobre su propia vida? En España, el dinero abre puertas, condiciona decisiones y, en ocasiones, parece tener más capacidad de influencia que el ciudadano corriente. Mientras unos defienden el mercado como si fuera una religión y otros invocan el interés general para justificar cualquier intervención, conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿quién decide qué beneficia realmente a la sociedad? Porque cuando el poder económico y el político se necesitan mutuamente, el ciudadano corre el riesgo de convertirse en una simple excusa para justificar decisiones que otros toman en su nombre.