A fuerza de repetir que vivimos en una democracia madura, hemos terminado aceptando como normal que decisiones capaces de condicionar la soberanía, la economía o incluso la política exterior de España se negocien lejos de la mirada del ciudadano. Mientras la opinión pública se distrae entre titulares fugaces y escándalos prefabricados, los grandes compromisos internacionales suelen avanzar envueltos en tecnicismos y silencios institucionales. La pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿quién controla realmente aquello que se firma en nombre de todos?
integridad territorial
ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución de 1978 quiso evitar los fantasmas del pasado, pero también dejó puertas entreabiertas a viejos poderes. Uno de esos pasillos oscuros es el artículo 8, donde las Fuerzas Armadas adquieren un papel que va mucho más allá de la defensa militar. En teoría, su misión es proteger la soberanía y la integridad territorial; en la práctica, su redacción permite lecturas inquietantes sobre quién tiene la última palabra cuando el Estado se tambalea.
No se trata de dudar de la profesionalidad de los militares, sino de preguntarse por qué, en una democracia madura, un ejército debe ser guardián de la “unidad de España” como principio constitucional. Quizá porque la política, una vez más, prefirió no asumir del todo su responsabilidad. La Transición tuvo miedo… y el miedo escribió más artículos de los que reconocemos.