Resulta curioso cómo en España se exige transparencia al ciudadano mientras las grandes decisiones políticas suelen envolverse en tecnicismos, prisas parlamentarias y discursos vacíos de responsabilidad real. Se legisla mucho, se anuncia más todavía y, sin embargo, pocas veces se explica quién asume verdaderamente las consecuencias de lo que se aprueba. La democracia moderna parece haber confundido gobernar con producir titulares, y redactar leyes con fabricar propaganda institucional. Entre tanto ruido, algunos artículos de la Constitución recuerdan algo incómodo: que el poder debería dar la cara cuando pretende cambiar la vida de millones de personas.
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ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN
Vivimos en un país donde se legisla a golpe de titular, donde las normas nacen deprisa y envejecen aún más rápido, mientras el ciudadano apenas comprende quién decide realmente las reglas que condicionan su vida. Entre decretos, reformas exprés y tecnicismos parlamentarios, la política ha convertido la producción legislativa en una maquinaria opaca que muchas veces parece diseñada más para blindar al poder que para servir al interés general. Y, sin embargo, seguimos llamando “democracia madura” a un sistema donde demasiadas decisiones importantes llegan empaquetadas para no ser discutidas de verdad.