¿De qué sirve exigir a los ciudadanos que confíen en la justicia si las instituciones no consiguen despejar las dudas sobre su independencia? En España, la confianza pública se reclama con facilidad, pero se pierde cuando las decisiones judiciales se interpretan como victorias o derrotas de los partidos. La justicia no puede convertirse en un trofeo político ni sus profesionales deben ser juzgados por las simpatías que otros les atribuyen. Tampoco basta con proclamar la separación de poderes mientras se alimentan sospechas sobre sus conexiones. Una democracia adulta no exige obediencia ciega: exige garantías, transparencia y razones para confiar. Porque cuando la justicia parece tener dueño, la ciudadanía empieza a preguntarse quién protege realmente sus derechos.