El derecho a la vida y a la integridad física y moral: tan solemne en el papel como frágil en la práctica. Pocas frases suenan tan nobles como “todos tienen derecho a la vida”, pero pocas se enfrentan con tanta frecuencia a su contradicción cotidiana. España presume de ser un Estado social y democrático de derecho, pero tolera realidades donde la dignidad humana se diluye entre cifras, discursos y conveniencias políticas.
Desde las residencias de ancianos durante la pandemia hasta los migrantes ahogados en el Mediterráneo o los suicidios silenciados por el tabú mediático, la vida —ese derecho supremo— parece medirse según su rentabilidad social. Este artículo, que debía ser el cimiento moral de toda la Constitución, se ha convertido en un espejo incómodo que refleja cuánta hipocresía cabe en un país que se dice “garante de los derechos humanos”.