El poder de recaudar, conceder privilegios fiscales y gastar dinero público también tiene límites.
Hay una pregunta que debería incomodar a cualquier ciudadano: ¿quién controla realmente el dinero que entregamos a las administraciones públicas y con qué criterios se decide cómo utilizarlo? Los impuestos se cobran con una precisión extraordinaria cuando el contribuyente incumple, pero la exigencia de responsabilidad sobre el dinero público parece avanzar a otro ritmo. Entre promesas políticas, beneficios fiscales, endeudamiento y decisiones presupuestarias, conviene recordar que el poder económico de las instituciones no es una propiedad privada de quienes gobiernan. La legalidad no debería ser una opción negociable según las necesidades del poder.