¿De qué sirve proclamar derechos si luego se gestionan como favores escasos o como partidas presupuestarias prescindibles? España presume de un Estado social avanzado mientras normaliza listas de espera interminables, médicos exhaustos y ciudadanos resignados a que cuidar la salud sea, cada vez más, una cuestión de suerte o de bolsillo. Nos hemos acostumbrado a agradecer lo que debería estar garantizado y a asumir como “inevitable” lo que en realidad es consecuencia de decisiones políticas muy concretas. Entre discursos grandilocuentes y promesas recicladas, la salud se invoca mucho y se protege poco. Tal vez el problema no sea la falta de normas, sino la cómoda distancia entre lo que decimos defender y lo que realmente estamos dispuestos a sostener como sociedad. En esa grieta entre el ideal y la práctica se esconde una de las contradicciones más reveladoras de nuestro sistema democrático.
