¿Qué ocurre cuando quienes deben garantizar la independencia de la Justicia quedan atrapados en las mismas disputas de poder que deberían mantener al margen? En España hemos aprendido a discutir sobre instituciones como si fueran propiedades partidistas, olvidando que detrás de cada órgano constitucional hay algo bastante menos abstracto: derechos, garantías y confianza ciudadana. Cuando la política convierte cualquier institución en un campo de batalla, la democracia puede conservar sus edificios, sus cargos y sus ceremonias mientras pierde algo mucho más difícil de recuperar: la credibilidad.
credibilidad institucional
ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN
La justicia, dicen, es ciega. En España, en cambio, parece que a veces se quita la venda para mirar de reojo quién entra por la puerta. El Artículo 24 de nuestra Constitución es uno de esos textos solemnes que prometen garantías, derechos y un trato justo para todos. Sin embargo, basta asomarse a la realidad diaria para sentir que las promesas constitucionales funcionan como los folletos turísticos: bonitas para enseñar, difíciles de reconocer cuando uno pisa el terreno. Hoy analizo este artículo con la convicción de que la justicia no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Y, sobre todo, con la sospecha creciente de que el ciudadano medio se conforma con creer que tiene derechos sin comprobar si en la práctica le sirven de algo. Ser libre es, también, no comulgar con ruedas de molino.