Resulta curioso que en un país donde se discute cada céntimo del gasto público y se exige transparencia a cualquier administración, haya ámbitos institucionales que parecen vivir en una especie de zona de silencio. España presume, con razón, de ser un Estado democrático consolidado, con controles parlamentarios, tribunales de cuentas y debates presupuestarios interminables. Sin embargo, cuando la conversación gira en torno a ciertas instituciones históricas, el tono cambia, la crítica se suaviza y el debate desaparece del espacio público. ¿Hasta qué punto la democracia española ha sido capaz de aplicar sus propios principios de transparencia a todos los niveles del poder? ¿Y hasta qué punto preferimos mirar hacia otro lado para no incomodar tradiciones o equilibrios políticos heredados de otro tiempo?
