¿Puede hablarse de libertad económica real cuando el mercado se invoca solo para unos pocos y se regula con celo para el resto? España presume de economía de mercado mientras convive, sin demasiada vergüenza, con oligopolios blindados, trabas burocráticas asfixiantes y un discurso político que demoniza al empresario pequeño mientras protege al grande. La contradicción no es nueva, pero sí cada vez más evidente. Se alaba la iniciativa privada en los discursos institucionales, al tiempo que se la sospecha, se la fiscaliza y se la ahoga en la práctica cotidiana. Entre la retórica liberal y la realidad intervencionista hay un abismo que muchos prefieren no mirar. Tal vez porque hacerlo obliga a reconocer que la libertad económica, cuando no conviene al poder político o administrativo, deja de ser un derecho para convertirse en una concesión revocable.
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ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN
El Artículo 36 de la Constitución Española es uno de esos preceptos breves que, precisamente por su aparente simplicidad, pasan desapercibidos en el debate público. Habla de colegios profesionales, de profesiones tituladas y de democracia interna. Suena técnico, casi burocrático. Pero detrás de esas pocas líneas se esconde una cuestión de fondo: el equilibrio entre control, corporativismo y libertad profesional. En la España de hoy, donde los colegios profesionales siguen teniendo un peso notable en el acceso, ejercicio y defensa de muchas profesiones, conviene preguntarse si cumplen la función para la que fueron concebidos o si se han convertido, en algunos casos, en estructuras cerradas, endogámicas y más preocupadas por conservar poder que por proteger al ciudadano. La Constitución prometía democracia interna. La realidad, como suele ocurrir, es bastante más incómoda.