Resulta curioso cómo una sociedad puede exigir responsabilidades inmediatas al ciudadano común mientras acepta con resignación que quienes ocupan las más altas esferas del poder dispongan de mecanismos excepcionales para ser juzgados. La confianza institucional se construye sobre la igualdad ante la ley, pero también se erosiona cuando determinados cargos parecen habitar una dimensión jurídica distinta. Entre la necesidad de proteger la estabilidad del Estado y el riesgo de convertir el poder en un espacio privilegiado, aparece una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto quienes gobiernan responden realmente por sus actos?
