¿De qué sirve hablar de igualdad ante la justicia cuando el dinero puede determinar quién consigue defenderse mejor? Una democracia puede proclamar derechos con solemnidad y, al mismo tiempo, permitir que una parte de la ciudadanía los perciba como servicios de pago. La justicia no debería convertirse en un privilegio reservado a quien puede asumir sus costes sin dificultad. Cuando el acceso a los tribunales depende demasiado de la capacidad económica, la igualdad deja de ser una realidad y corre el riesgo de convertirse en una frase constitucional convenientemente repetida. Porque los derechos que solo pueden ejercerse cuando uno puede pagarlos tienen algo de derecho y mucho de privilegio.
