Hay artículos de la Constitución que parecen simples notas al pie de página, discretos, casi tímidos. El 29 es uno de ellos. Habla del derecho de petición, un concepto que suena más a trámite burocrático que a pilar democrático. Sin embargo, bajo esa apariencia inocente se esconde una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando un ciudadano quiere dirigirse al poder… y el poder no quiere escuchar? En España hemos convertido la participación política en un espectáculo televisado y la queja ciudadana en ruido ambiental. El derecho de petición existe, sí, pero entre formular una petición y que alguien la atienda hay un abismo que ni las Cortes ni los ministerios parecen tener prisa en cruzar. Hoy analizamos ese pequeño artículo que revela una gran verdad: en democracia no basta con poder hablar, también hace falta que alguien escuche.
Endika
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN
España es un país donde todos hablan de “derechos” con absoluta naturalidad, como quien comenta el tiempo en la panadería… pero donde pocos se paran a pensar qué significan de verdad. El Artículo 28, dedicado a la libertad sindical y al derecho de huelga, es uno de esos textos constitucionales que todos citan pero casi nadie lee. Se invoca cuando hay manifestaciones, cuando el metro se para, cuando un gobierno presume de progreso o cuando un empresario se queja de que “así es imposible trabajar”. Es un artículo que revela nuestra eterna contradicción: queremos derechos fuertes, pero sin las molestias que conllevan; queremos libertades plenas, pero sin que nos incomoden; queremos un país moderno, pero sin pagar el precio de serlo. Hoy miro este artículo como quien observa un espejo incómodo: uno que muestra lo que decimos ser… y lo que realmente somos.
LOS NUEVOS DOGMAS: FE, CIENCIA Y PODER EN EL SIGLO XXI
Hay quien asegura que vivimos en la era más racional de la historia. Un tiempo en el que la humanidad, guiada por la luz impoluta del conocimiento científico, habría dejado atrás supersticiones y credos dogmáticos. Bastaría asomarse a cualquier debate público para comprobarlo: ya no se invoca a los dioses, ahora se invoca “a los datos”. Y, como ocurre con toda divinidad moderna, nadie se atreve a preguntar de dónde salen, quién los interpreta o por qué siempre confirman las decisiones del poder.
Sin embargo, bajo esta superficie de aparente rigor late una transformación profunda: la ciencia, nacida como método de duda y revisión, ha sido elevada a argumento de autoridad, una especie de escudo retórico que desactiva la discrepancia. La tecnocracia se ha convertido en el nuevo clero y el cientificismo en su liturgia, moldeando políticas, discursos y percepciones colectivas. Es justamente por eso que reivindicar el escepticismo —el sano, el razonado— se vuelve hoy una obligación cívica más que una actitud intelectual.
ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN
La educación… ese territorio donde todos coinciden en que es “lo más importante”, justo antes de utilizarlo como arma política, bandera moral o laboratorio ideológico. El Artículo 27 de la Constitución prometía algo casi sagrado: una educación que formara ciudadanos libres, críticos y capaces de convivir en democracia. Pero en España, hablar de educación es como hablar del clima en una cena familiar: todos opinan, nadie cede y al final nadie queda satisfecho. Este artículo, larguísimo y ambicioso, pretendía fijar un pacto nacional. Hoy, más de cuatro décadas después, seguimos en guerra permanente: currículos que cambian según quién gobierne, luchas entre escuela pública y concertada, debates sobre religión, libertad de enseñanza y la eterna sospecha de que la educación sirve más para domesticar que para liberar. Bienvenidos a otro episodio del autoengaño colectivo.
ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN
Hay artículos de la Constitución que parecen inofensivos, discretos, casi susurrados. El 26 es uno de ellos: breve, silencioso y, sin embargo, cargado de un significado político que hoy muchos dan por sentado sin recordar lo que costó llegar hasta aquí. Porque en España tenemos la costumbre de creer que ciertas cosas “ya vienen de serie” en la democracia, como si hubiesen brotado del suelo el 6 de diciembre del 78. Este artículo, que prohíbe los tribunales de honor, es una vacuna contra un pasado en el que la “honra” valía más que la justicia. Y, aun así, mientras lo releo, no puedo evitar preguntarme si hoy no hemos reinventado, con otras palabras y otros rituales, nuevas formas de juzgar moralmente a las personas fuera de los tribunales. Cambia la forma, no el fondo: seguimos obsesionados con señalar, estigmatizar y purgar. España siempre encuentra un modo.
LA NOSTALGIA DEL SENTIDO
Parece que vivimos en la era más avanzada de la historia: tenemos dispositivos que piensan por nosotros, ciudades que funcionan solas y una sensación generalizada de que todo va “mejor que nunca”. Y aun así, curiosamente, cada vez más personas sienten ese pequeño agujero existencial que no se arregla con una actualización de software. El progreso promete llenar todos los vacíos… salvo el más incómodo: el del sentido.
Hemos avanzado en casi todos los frentes, pero seguimos sin responder a la pregunta más antigua de la humanidad: para qué vivimos. La modernidad nos ha dado velocidad, comodidad y eficiencia, pero también ha debilitado silenciosamente los hilos que conectan la vida con un propósito. Ese “nihilismo suave” del que apenas hablamos ha convertido el día a día en una sucesión de estímulos sin dirección. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos si el progreso, tal como lo entendemos, ha olvidado aquello que hace que la existencia merezca la pena.
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN
Algunos artículos de la Constitución actúan como un espejo incómodo: nos obligan a mirarnos sin filtros, sin discursos prefabricados y sin ese confort moral que tanto nos gusta exhibir. El Artículo 25 es uno de ellos. Habla de justicia, sí, pero también de límites, de dignidad humana y de cómo un Estado democrático debe contener sus impulsos punitivos incluso cuando la sociedad exige mano dura. Hoy, en una España donde el castigo rápido parece más valorado que la reflexión madura, este artículo es un ancla necesaria. Nos recuerda que la legalidad no es negociable y que la reinserción no es un capricho progresista, sino una obligación constitucional. Analizarlo es casi un acto de higiene democrática… si es que aún nos interesa mantenernos limpios.
ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN
La justicia, dicen, es ciega. En España, en cambio, parece que a veces se quita la venda para mirar de reojo quién entra por la puerta. El Artículo 24 de nuestra Constitución es uno de esos textos solemnes que prometen garantías, derechos y un trato justo para todos. Sin embargo, basta asomarse a la realidad diaria para sentir que las promesas constitucionales funcionan como los folletos turísticos: bonitas para enseñar, difíciles de reconocer cuando uno pisa el terreno. Hoy analizo este artículo con la convicción de que la justicia no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Y, sobre todo, con la sospecha creciente de que el ciudadano medio se conforma con creer que tiene derechos sin comprobar si en la práctica le sirven de algo. Ser libre es, también, no comulgar con ruedas de molino.
ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN
Hay artículos de la Constitución que parecen escritos para lucir en un escaparate democrático, como esas prendas caras que todos miran pero nadie piensa comprarse. El Artículo 23 es, quizá, el mejor ejemplo: un recordatorio solemne de que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos. Suena bien. Suena moderno. Suena democrático.
Pero en una España donde la participación política se reduce, en la práctica, a votar cada cuatro años y soportar las guerras internas de partidos convertidos en máquinas de supervivencia, uno no puede evitar preguntarse si este derecho no se ha quedado en un eslogan más. Porque, mientras nos distraen con discursos sobre “fortalecer la democracia”, la realidad es que el ciudadano medio está más lejos que nunca de influir en nada. Y aun así, seguimos repitiendo que somos “soberanos”. Qué curioso.
POR QUÉ VER CLARO NO SIEMPRE LIBERA
Hay quien cree que alcanzar la lucidez es como obtener un pase VIP para moverse por la vida con ventaja, como si entender el mundo ofreciera descuentos en serenidad y ascensos automáticos en madurez. Ojalá fuera así. La realidad es mucho menos comercial: cuanto más claro ves, menos cómodo se vuelve el espectáculo. Y, paradójicamente, mientras unos celebran el último dogma de temporada, tú empiezas a preguntarte si no será que has dejado de consumir las ilusiones necesarias para tomarse la existencia con la ligereza socialmente recomendada.
La lucidez —esa palabra que solemos pronunciar con un respeto casi religioso— no siempre libera. A veces pesa. Comprender los engranajes del poder, las contradicciones humanas y los mecanismos que sostienen nuestras narrativas colectivas no garantiza felicidad ni aplausos. Más bien te expone a una soledad silenciosa, a un desencanto que desarma y a una responsabilidad moral que no admite eslóganes. Ver claro, en definitiva, no te salva: te exige. Y ahí comienza el verdadero ejercicio de madurez interior.